Hace cincuenta años, en una decisión histórica Brown v. Board of Education, la Corte Suprema dictaminó que la segregación racial intencional de alumnos en escuelas públicas contravenía la Decimocuarta enmienda a la Constitución de EE.UU. La legislación y decisiones judiciales posteriores también exigen que los administradores escolares no discriminen a los alumnos por sexo, nacionalidad, barreras del idioma, religión o discapacidad. La Sección de Oportunidades Educativas hace valer dichas leyes y decisiones judiciales en una amplia gama de casos que involucran a escuelas primarias y secundarias e instituciones de estudios superiores.
Concretamente, la Sección hace valer el Título IV de la Ley de derechos civiles de 1964, la Ley de igualdad de oportunidades educativas de 1974 (EEOA) y el Titulo III de la Ley de americanos discapacitados, así como otros estatutos como el Título VI y el Título IX de la Ley de derechos civiles, la Sección 504 de la Ley de rehabilitación, la Ley de individuos discapacitados en la educación y el Titulo II de la Ley de americanos discapacitados después de la remisión de otras agencias de gobierno. La Sección puede intervenir en demandas privadas que acusen de contravención a las leyes antidiscriminatorias de educación y la Decimocuarta enmienda a la Constitución. Asimismo, la Sección representa al Departamento de Educación en procesos judiciales.
Como consecuencia de sus actividades de coacción, la Sección negocia varios decretos consensuales regularmente y obtiene decisiones que favorecen la abolición de la segregación racial en los distritos escolares afectados. En United States v. Yonkers Board of Education, las partes llegaron a un acuerdo que desestimaba el caso y retenía jurisdicción judicial federal para hacer valer los términos del acuerdo. Los términos clave requieren que el estado de Nueva York pague 300 millones de dólares de 2001 a 2006 al distrito escolar de Yonkers con la finalidad de establecer más de cuarenta programas educativos de recuperación. Más recientemente, la Sección llegó a un acuerdo en Davis and United States v. East Baton Rouge un caso registrado en 1956 por Thurgood Marshall y otros abogados, en el que el distrito escolar acordaba crear nuevas escuelas públicas sin segregación (magnet), proporcionar mejores recursos a escuelas de zonas urbanas deprimidas con inscripciones de alumnos principalmente negros y aumentar las inscripciones en escuelas sin segregación en los próximos cuatro años.
Por otro lado, la Sección continúa actuando a favor de los alumnos con conocimientos limitados del inglés (ELL). En junio de 2003, la Sección firmó un acuerdo de tres años con el distrito escolar de Plainfield, New Jersey, sobre su obligación de dar instrucción y servicios apropiados a los ELL conforme la EEOA. El acuerdo incluye requisitos sobre: la identificación y servicio a los ELL; integrar a los ELL con estudiantes cuya lengua materna es el inglés; hacer a las bibliotecas y centros de medios accesibles a ELL y brindar apoyo académico a los ELL inscritos en clases de educación generales. En octubre de 2003, la Sección firmó un acuerdo de tres años con el distrito escolar de Bound Brook, New Jersey, relativos a sus obligaciones con los ELL conforme a la EEOA. El acuerdo exige que el distrito proporcione, entre otras cosas: evaluación a tiempo de todos los estudiantes con lenguas extranjeras; planes de estudios e instrucción de calidad para los ELL; capacitación adecuada a maestros y vigilancia e informes detallados sobre el progreso académico de los ELL actualmente inscritos en el programa y aquellos que dejaron el programa.
La Sección ha emprendió una revisión sistemática de su lista de casos de abolición de segregación racial para garantizar que los distritos hayan cumplido y busquen cumplir con las órdenes judiciales y la ley federal. Dicha revisión incluye la evaluación de las facetas de operación de los distritos escolares que la Corte Suprema ha denominado los seis "factores del caso Green" ("Green factors") – asignación de alumnos, profesorado, personal, transporte y actividades extraescolares — así como garantizar que los alumnos minoritarios tengan acceso justo a la educación para alumnos talentosos y avanzados, que no sean los únicos disciplinados y no sean remitidos incorrectamente para educación especial. Por ejemplo, la Sección trabajó con 28 distritos escolares en Alabama para determinar si han obtenido el estado unitario y, de no ser así, qué debe hacerse para lograrlo. Los distritos escolares presentaron datos exhaustivos sobre las facetas de sus operaciones. Los tribunales han declarado a la mayoría de los distritos parcialmente unitarios y han devuelto el control de dichas facetas al distrito. Con respecto a las facetas restantes, los distritos escolares han firmado acuerdos que establecen pasos que tomarán para seguir eliminando los vestigios del sistema antes segregado. En efecto, algunos distritos han tomado dichos pasos y los tribunales han declarado varios de los distritos totalmente unitarios y desestimaron sus casos. Asimismo, para lidiar con la colocación errónea de los alumnos minoritarios en programas para retrasados mentales (MR) y con discapacidades de aprendizaje (SLD), la Sección negoció con el estado de Alabama un acuerdo integral que lidia con dichos problemas y requiere que el estado vigile los distritos locales.
La Sección también ha tomado un papel activo en cuanto a abolición de segregación racial en las instituciones de estudios superiores. En febrero de 2002, el tribunal aprobó el acuerdo de Ayers and United States v. Fordice, el largo caso de abolición de segregación racial en las instituciones de estudios superiores de Mississippi. El gobierno de los Estados Unidos y los demandantes privados negociaron un convenio que desestimaba el caso y obligaba al estado de Mississippi a que diera 503 millones de dólares a lo largo de un periodo de diecisiete años para mejorar las universidades de inscripción de alumnos negros históricamente mientras aumentaba el acceso para los alumnos minoritarios a las universidades de inscripción de alumnos blancos históricamente del estado. El gobierno estadounidense llegó a un acuerdo similar en Geier and United States v. Sundquist, que se espera beneficiará la abolición de la segregación racial del sistema educativo superior público de Tennessee. El acuerdo exigía que el estado gastara 75 millones de dólares en un periodo de cinco años para financiar varios proyectos, entre ellos el establecimiento del Colegio de Servicio Público y Asuntos Urbanos, la creación de un nuevo programa doctoral o la adquisición de una facultad de derecho privada y mayores esfuerzos para inscribir estudiantes de licenciatura afroamericanos.
La Sección también está asegurándose activamente de que los distritos escolares no discriminen por religión. En Westfield High School L.I.F.E. Club v. Westfield Public Schools, la Sección presentó un escrito judicial amicus afirmando que un distrito escolar no podía constitucionalmente prohibir que los estudiantes distribuyeran folletos religiosos en las escuelas cuando permitía que distribuyeran folletos seculares. En Campbell v. St. Tammany Parish School Board, la Sección presentó un escrito judicial amicus que afirmaba que un distrito escolar, habiendo puesto sus instalaciones a disposición de grupos comunitarios para reuniones, no podía excluir grupos religiosos que buscaban dar discursos religiosos amparados. En ambos casos, los tribunales dictaminaron a favor de los demandantes que buscaban ejercer su libertad de expresión de culto amparada.
Como parte de nuestros esfuerzos en el ámbito deportivo, la Sección participó en casos de alumnas de secundaria contra la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de Michigan (MHSAA) y la Asociación de Actividades de Escuelas Secundarias de South Dakota (SDHSAA) y ayudó a obtener resoluciones favorables. En el caso MHSAA, al cabo de un juicio de ocho días, el tribunal dictaminó que la programación en desventaja de los deportes femeniles contravenía el Título IX y la Cláusula de igualdad de protección. El tribunal ordenó a la MHSAA que produjera un plan de cumplimiento para remediar la discriminación. En el caso SDHSAA, la Sección intervino y obtuvo un decreto consensual favorable.
El compromiso de la Sección de combatir el hostigamiento discriminatorio le ha llevado a participar en casos de hostigamiento de alumnos contra otros alumnos y alumnos contra maestros. Por ejemplo, en Madison and United States v. Sullivan County Board of Education, la Sección intervino en un caso de hostigamiento racial entre alumnos, en el cual se afirmaba que la Junta intencionalmente demostró indiferencia ante el hostigamiento racial de dos alumnos. Poco antes del juicio, la Sección negoció un acuerdo con el distrito escolar y los demandantes privados bajo el cual el distrito escolar desarrollaría un plan de prevención de hostigamiento estudiantil; capacitaría maestros, personal y estudiantes con respecto al plan e investigaría a tiempo y daría parte de incidentes de hostigamiento.
Finalmente, la Sección siempre se interesa en recibir denuncias e información de alumnos, padres, individuos y organizaciones interesadas sobre posible discriminación ilegal en instituciones de enseñanza publica, así como información sobre procesos judiciales en curso, para determinar si amerita la participación de la Sección. Para mayor información, haga clic aquí.
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