Comentarios preparados para discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la gran conferencia de abertura del Centro para el Imperio de la Ley de West Point

Es un gran honor y un privilegio especial estar aquí esta noche y ser el orador principal en la gran apertura de este nuevo Centro para los Principios de la Ley. Los cimientos de este centro se apoyan firmemente no sólo sobre lecho de roca y concreto, sino en los propios ideales y la visión de la Academia de Militar de los Estados Unidos. Como tal, este Centro sobrevivirá los tiempos como un testamento vivo de la gran tradición de West Point de moldear la próxima generación de líderes de los Estados Unidos, y del compromiso inquebrantable de dichos líderes para con el principio fundamental de los Principios de Ley.

Como ciudadanos estadounidenses, todos tenemos la responsabilidad especial de respetar y promover los Principios de la Ley. Esta responsabilidad sagrada surge de nuestro lugar singular en la historia, y es la fuerza animada de nuestro legado - y de nuestro destino - como nación. Los documentos fundadores de nuestra democracia - la Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos - establecieron por primera vez en la historia larga del mundo un gobierno no de hombres, sino de leyes. A un mundo gobernado por reyes e imperadores, duques y zares, nuestros padres fundadores dieron vida a una idea que causó el regocijo del hombre común y el temblor en los déspotas. Y es la fuerza y la majestuosidad de esta idea lo que creó a la nación más poderosa de la tierra.

Así como en la época en que se fundó nuestro país, hoy nuestra fuerza surge de la fuerza física de dichos documentos históricos y del principio iluminado de los Principios de Ley que tan noblemente se han consagrado en nuestra idiosincrasia nacional. Hace más de dos siglos que los Principios de la Ley es la antorcha flamante que ilumina nuestro camino a través de los días más oscuros de nuestra nación. A veces, su luz ha vacilado y perdido intensidad. Sin embargo, la llama siempre ha vuelto a adquirir nueva vida, marcando audazmente nuestro camino una vez más. De hecho, la luz brillante de esa antorcha nos ha guiado a la primera fila de movimientos internacionales de derechos humanos, por el tratamiento legal de los opositores, y por sociedades libres y abiertas. De hecho, nuestro país está mejor cuando ha proporcionado la luz del faro de los Principios de Ley para que el mundo la viera.

Es un hecho admirable que en ningún lugar se respeta más los Principios de la Ley que aquí, en los pasillos santificados de West Point, el principal terreno de entrenamiento de los guerreros de nuestra nación. West Point es, tal vez, la única institución de enseñanza superior en la que los estudiantes universitarios tienen la obligación de tomar una clase de ley constitucional. El hecho puede parecerles inusual a algunos; sin embargo, es compatible con las respetadas tradiciones de nuestras fuerzas armadas. Desde sus principios, los Principios de la Ley han sido su código de honor.

Después de haber ganado la Batalla de Trenton en la Navidad de 1776, el General George Washington ordenó que se tratara a los soldados cautivos con humanidad, independientemente de cómo los soldados coloniales capturados en batalla fueran tratados. Y hoy día, los líderes militares estadounidenses han permanecido a la vanguardia de los que piden la aplicación de los Principios de Ley en los campos de batalla, los centros de detención y en las mesas de negociación.

Algunos alegan hoy, que como la fuerza militar más poderosa de la tierra, las leyes internacionales sólo obstaculizarán nuestra labor y pondrán en peligro nuestra fuerza. Sin embargo, rechazo la propia premisa de dicho argumento. Incluso antes de que se firmaran las primeras convenciones de Ginebra, los Estados Unidos abogaban, hacía mucho tiempo ya, por leyes y organizaciones internacionales que rigieran la conducta de todas las naciones, reconociendo que nuestra fuerza como país se amplía - y no se disminuye - cuando ampliamos la esfera de los Principios de la Ley en todo el mundo.

Y las fuerzas armadas han desde siempre guiado a nuestra nación en su respeto por los Principios de Ley. Cuando nuestros soldados van a la lucha, lo hacen bajo códigos estrictos que regulan su conducta bajo las leyes de guerra. Los capacitamos rigurosamente y hacemos valer los reglamentos a través del Código Uniforme de Justicia Militar, un estándar de ley militar que sirve como ejemplo al mundo de lo mejor de los Estados Unidos.

Las fuerzas armadas de nuestra nación también son el hogar del Cuerpo Jurídico General del Ejército [Judge Advocate General Corps (JAG)], un equipo de abogados muy admirados por su entusiasta representación de sus clientes, pero cuya integridad y coraje han sido demostrados nuevamente en años recientes. La historia ha demostrado con frecuencia que es durante los sufrimientos de la batalla que más fácilmente se abandonan los Principios de Ley. Sin embargo, JAG ha probado una y otra vez que su compromiso hacia el deber nunca titubea.

En nuestra lucha actual contra el terrorismo internacional, cuando otros entregaron la obediencia plena de la ley a las circunstancias de la época, fueron los hombres y las mujeres valientes de JAG quienes enfrentaron a las mareas, muchas veces arriesgando sus carreras. Todos podemos aprender de su ejemplo.

Por supuesto, nuestra nación no siempre ha sido inmune al impulso de sacrificar los principios eternos de los Principios de Ley ante temores transitorios del momento. Incluso presidentes como Abraham Lincoln y Franklin Delano Roosevelt han, a veces, errado bajo las presiones de la guerra. Tan grandes son las exigencias de que se mantenga fuera de peligro al país, tan implacable el estrés del momento, que los líderes de nuestra nación han, en ocasiones, olvidado que los Principios de la Ley protege no sólo de nuestros enemigos, sino también de nuestros peores instintos.

Durante la Segunda Guerra Mundial, temerosos de la infiltración japonesa en la Costa Oeste, el Presidente Roosevelt confinó a casi 120,000 descendientes de japoneses en campos de confinamiento durante tres años, sin una vista preliminar o audiencia comprobatoria. Dos tercios de los recluidos sin causa eran ciudadanos estadounidenses; sin embargo, la Corte Suprema mantuvo la constitucionalidad de la orden de reclusión impartida por Roosevelt, probando que los presidentes no son los únicos líderes susceptibles de errores graves durante el acaloramiento de la guerra. La decisión de la corte en Korematsu es, sin duda, uno de los momentos más oscuros de la historia constitucional estadounidense.

Sin embargo, la fuerza de nuestra nación siempre ha sido nuestra capacidad de corregir el curso, ya que, aunque los presidentes y los gobiernos cambian, la Constitución permanece.

Y así ocurre hoy, al comienzo de una nueva presidencia, al enfrentar un mundo lleno de peligros, una vez más debemos trazar un itinerario basado en los Principios de la Ley y tanto en los poderes como en las limitaciones que dispone. Ahora, esto no debería ser una afirmación polémica. Sin embargo, hay quienes comparan una intención declarada de aplicar los Principios de Ley en un contexto de seguridad nacional con blandura o ingenuidad. No podría estar más en desacuerdo. Bajo las declaraciones magnánimas realizadas por líderes deben yacer principios reales que trazarán inequívocamente nuestra trayectoria como formuladores de políticas - principios que llevaremos cerca del corazón no sólo al enfrentar decisiones fáciles, sino también al enfrentar las difíciles.

Cada día como Secretario de Justicia de los Estados Unidos, tomo decisiones que guían las acciones de más de 100,000 empleados del Departamento de Justicia y que afectan las vidas de millones de ciudadanos de este país. Muchas de esas decisiones no se darán a conocer al público o a la prensa, pues incluso al entrar en un nuevo periodo de apertura y transparencia, muchas decisiones de seguridad nacional deben necesariamente ser tomadas de manera que proteja nuestra habilidad de reunir inteligencia, investigar amenazas y ejecutar guerras. Pero la necesidad de actuar a puertas cerradas no otorga permiso para formular políticas, y tomar acciones, que no soporten el poder desinfectante de la luz del sol. De hecho, es en esos momentos - los momentos en los que nadie ve - que debemos ser más cuidadosos de confiar en los Principios de la Ley para gobernar nuestra conducta.

Con cada decisión que tomo, me hago dos preguntas. ¿Aguantará el escrutinio de los tribunales? ¿Aguantará el escrutinio del pueblo de los Estados Unidos? Sólo si puedo responder afirmativamente a ambas preguntas, sé que mi decisión es la correcta.

Sin embargo, no dejaré de tomar las decisiones con consecuencias duras que me toque tomar, ni dejaré de llevar a cabo las acciones difíciles - y realistas - necesarias para proteger al pueblo de los Estados Unidos. Conozco la gravedad de la amenaza que aún enfrentamos. La veo todas las mañanas al analizar la inteligencia reunida en todo el mundo durante las veinticuatro horas anteriores. Como miembro del equipo de seguridad nacional del Presidente, sé que debemos hacer todo lo legalmente posible para proteger al pueblo de los Estados Unidos - y así lo haré.

Sin embargo, no sacrificaremos nuestros valores ni pisotearemos nuestra Constitución bajo la premisa falsa de que es la única manera de proteger nuestra seguridad nacional. El descartar los valores que siempre han hecho de nosotros la más grandiosa nación del mundo no nos hará más fuertes - nos hará más débiles y destruirá nuestra esencia. Simplemente, no existe tensión entre una lucha eficaz contra quienes han jurado hacernos daño, y el respeto por las libertades civiles más honradas que nos han hecho quienes somos.

Nuestro trabajo en este sentido ya ha comenzado. En su tercer día en el cargo, el Presidente Obama emitió una Orden Ejecutiva ordenando el cierre del Centro de Detención de la Bahía de Guantánamo y que yo encabece un equipo especial de agentes del gabinete para tomar determinaciones sobre la disposición de cada detenido actualmente alojado en el lugar.

Esta tarea no será fácil. Al contrario, es indisputablemente el mayor desafío que enfrento como Secretario de Justicia de los Estados Unidos. Es probable que consideremos que algunos detenidos ya no representan una amenaza a los Estados Unidos y pueden ser liberados o transferidos a la custodia de otros países. Hay otros que decidiremos enjuiciar en el tribunal federal. Pero una tercera categoría de detenidos invita a una pregunta más difícil - mucho más difícil. Si un detenido es demasiado peligroso para ser liberado, pero existen obstáculos ineludibles para enjuiciarlo en el tribunal federal, ¿qué haremos?

Algunas de las mentes más brillantes de nuestra nación están trabajando para contestar esa pregunta y para tratar de las ramificaciones que cada respuesta potencial presenta. Sin embargo, aunque aún no conocemos la respuesta, juro que la solución final será una basada en nuestra Constitución, en fallos del Congreso, en cumplimiento con las leyes internacionales de guerra y de acuerdo con los Principios de la Ley.

En mi oficina en el Departamento de Justicia, me recuerdan estos principios todos los días. Existe una tradición en el Departamento en la que cada Secretario de Justicia elige qué retratos de Secretario de Justicia de los Estados Unidos anteriores colocar en las paredes de su oficina. Muchos grandes hombres y una mujer extraordinaria ocuparon este cargo antes que yo, y al decidir qué retratos usar, lo hice con los deberes especiales de la oficina y el cargo designados a mí por el presente quien me nombró y los representantes del pueblo que me confirmaron.

Uno de los retratos que elegí es el del ex-Secretario de Justicia de los Estados Unidos y Juez de la Corte Suprema Robert Jackson, un hombre que fue autor de, tal vez, la opinión legal más importante sobre el poder presidencial en el último siglo. A pesar de ser una opinión concurrente, la opinión de Jackson en el caso Youngstown sobre tres casos en los que los poderes presidenciales fluctúan sigue siendo la norma de oro hasta el día de hoy para la definición de hasta qué medida puede el Presidente operar de acuerdo con los Principios de la Ley. Las normas de Jackson son tan informativas hoy como lo fueron hace setenta y cinco años.

Uno de mis otros predecesores cuyo retrato se encuentra en mi sala de conferencias es Elliot Richardson, el Secretario de Justicia bajo el Presidente Nixon, quien renunció en lugar de echar al fiscal especial que estaba investigando al Presidente. Su pintura me sirve de recuerdo de que sirvo al pueblo de los Estados Unidos ante todo, y que todos los que lo hacemos debemos nuestra lealtad sólo a ellos y a la ley. Richardson tuvo que hacer una elección que ningún Secretario de Justicia de los Estados Unidos debería ser forzado a realizar. Cuando se le pidió que ejecutara una orden presidencial que, si bien técnicamente legal, violaba todas las normas y el estándar de independencia y el espíritu de la ley, prefirió renunciar.

La historia de Richardson es un recuerdo constante de que para que los Principios de la Ley tengan algún significado, para que sea más que un refrán hueco proferido ante los micrófonos, pero silenciosamente subvertido en los corredores sordos del poder, debe ser respetado por hombres y mujeres de carácter firme y comprometidos con su fiel aplicación. Que así sea siempre en los Estados Unidos de América.

Para concluir, permítanme observar que hace casi 50 años, el General Douglas MacArthur, aquí, en West Point, encorvado por la edad, pero aún de semblante orgulloso, realizó uno de los más grandiosos discursos de la historia de los Estados Unidos. El General entonó a los cadetes reunidos las palabras inmortales, "Deber, honor, país". MacArthur observó que este código de la Academia Militar de los Estados Unidos "abraza las más altas leyes morales y soportará la prueba de cualquier ética o filosofía ya promulgada para la elevación del hombre. Sus exigencias son para las cosas correctas, y sus limitaciones son para cosas erradas".

Las palabras del General MacArthur podrían también servir como una de las definiciones más concisas y más adecuadas de los Principios de la Ley en sí. Para seguir las disposiciones de los Principios de la Ley, debemos asumir un compromiso con la batalla interminable de asegurar que, al promulgar e implementar políticas nacionales, exijamos de nosotros mismos la que sea correcta y no nos permitamos la errada. Sin duda, ninguno de nosotros toma la decisión correcta siempre. Somos todos seres humanos imperfectos con nuestras debilidades inherentes, golpeados por la marea de la opinión pública e inquietud general. Pero si nos proponemos siempre seguir los Principios de la Ley - si dejamos que la obediencia secreta a sus principios sirva como nuestra única guía - entonces podemos finalmente soltar las riendas del poder, sabiendo que hemos cumplido fielmente la responsabilidad inmensa que se nos ha asignado. Y eso, como análisis final, es la mayor tarea que podemos realizar en nombre del pueblo de EE.UU.

Gracias.

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