Comentarios preparados para el discurso del Secretario de Justicia de los Estados Unidos Eric Holder en la Conferencia del Consejo Estadounidense de Defensores Principales

Gracias, Joann.   Me complace plenamente estar aquí.

Agradezco tener esta oportunidad de unir al Departamento de Justicia a la conversación que ustedes están teniendo sobre igualdad en la justicia.  Hace diez años, cuando me desempeñaba como Secretario de Justicia Adjunto de los EE.UU., trabajé con la Secretaria de Justicia de los EE.UU. Janet Reno para iniciar un diálogo nacional sobre defensa de personas indigentes.  Reunimos a la asociación de defensores, los fiscales, los jueces y otras personas para hablar de la crisis en nuestro sistema público de defensa y explorar soluciones.  Llevamos a cabo dos conferencias nacionales – una en 1999 y una en 2000 – durante la cual Janet y yo ayudamos a la Asociación Nacional de Asistencia Legal de Oficio y Defensa [National Legal Aid and Defender Association (NLADA)] en el lanzamiento del Consejo Estadounidense de Defensores Principales.   

Sin embargo, a pesar de este comienzo prometedor hace una década, me parece que es evidente que la crisis en la defensa de personas indigentes no ha finalizado.  Y el Departamento de Justicia no ha seguido siendo una parte activa de la conversación sobre defensa de personas indigentes en los últimos años.  Los grupos como ustedes han llevado la bandera, pero no deberían tener que llevarla solos.  Cuando realicé el juramento como Secretario de Justicia de los EE.UU., juré apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos.  Apoyar y defender la Constitución incluye, en mi opinión, una responsabilidad de servir como guardianes de los derechos de todos los estadounidenses, entre ellos los pobres y menos privilegiados.

Ahora bien, todos conocemos los obstáculos de representar a las personas indigentes.  Sabemos que los recursos para los programas de defensores públicos son mucho menores que los de otros programas del sistema judicial: constituyen alrededor del 3 por ciento de los gastos de la justicia criminal en los mayores condados de nuestro país.  En muchos casos, los abogados por contrato y los abogados designados a menudo reciben una compensación que ni siquiera cubre sus gastos generales.  Sabemos que los defensores en muchas jurisdicciones están a cargo de un enorme número de causas, lo que dificulta que cumplan con sus responsabilidades legales y éticas hacia sus clientes.  Sabemos de abogados que no pueden entrevistar adecuadamente a sus clientes, presentar peticiones como corresponde, realizar investigaciones de los hechos o hacer muchas otras cosas que un abogado debería poder hacer normalmente.  Por último, sabemos que existen diversos desafíos institucionales en los sistemas públicos de defensa, como déficits presupuestarios.

Estos desafíos no son novedosos.  El Juez Hugo Black observó el problema hace 45 años y escribió que "no puede existir igualdad en la justicia donde el tipo de juicio que un hombre recibe depende de la cantidad de dinero que tiene".  ¿Qué se puede hacer?

Permítanme comenzar con un primer principio.  Hay quienes pueden considerar que los objetivos de los fiscales y los objetivos de la defensa son irreconciliables: que quienes representan al estado y quienes representan al acusado siempre estarán enfrentados.  Yo fui fiscal durante muchos años y rechazo firmemente esa premisa.  No cabe duda de que nuestro sistema de justicia es acusatorio, pero el fiscal es un tipo especial de adversario, ya que los litigios criminales se diferencian de los litigios civiles en un aspecto importante.  Como la Corte Suprema describió hace mucho a los Fiscales Federales, los fiscales son representantes, “no una parte ordinaria en una controversia, sino parte de una soberanía cuya obligación de gobernar imparcialmente tiene la misma fuerza que su obligación de gobernar en sí; y cuyo interés, por ende, en un enjuiciamiento criminal no es ganar un caso, sino que se imparta justicia”.  Repito: nuestro objetivo en el Departamento de Justicia es “que se imparta justicia”.

Eso significa que cuando el sistema falla, perdemos todos.  Y esto es así no solo porque nuestros principios en común se debilitan, sino también por razones prácticas.  Cuando los demandados no reciben una representación legal competente, sus casos son vulnerables a errores costosos que puede tomar mucho tiempo corregir.  Los abogados de ambas partes pueden pasar años ocupándose de apelaciones a raíz de infracciones técnicas y errores procesales.  Cuando eso sucede, nadie gana.

También significa que quienes trabajamos en el Departamento hacemos hincapié en la búsqueda de la verdad.  El compromiso del Departamento de asegurarse de que se imparta justicia es la razón por la cual, por ejemplo, creo que los demandados deben tener acceso a evidencia de ADN en algunas circunstancias.  Los exámenes de ADN tienen la capacidad sin paralelo de exonerar a las personas condenadas erróneamente y de identificar al culpable.  Como saben, la Corte Suprema dictaminó la semana pasada que no existe ningún derecho sustantivo al debido proceso para acceder a evidencia de ADN en procedimientos posteriores a la condena.  Pero el Departamento distingue entre lo que es constitucional y lo que es una buena política.  Y hemos mantenido que en un sistema de justicia pleno y justo, es una buena política permitir dicho acceso.  La ley federal ya garantiza acceso a evidencia de ADN mantenida por el gobierno federal bajo condiciones específicas, y espero que todos los estados sigan el camino del gobierno federal en este tema.

Con ese mismo objetivo de impartir justicia en mente, me alegra estar hoy aquí y renovar el compromiso del Departamento de mejorar el sistema de defensa de personas indigentes anunciando cinco primeros pasos que nos acercarán a asegurarnos de lograr nuestro objetivo.

Primero, quiero continuar el diálogo que iniciamos hace una década.  El Proyecto Constitución ha hecho un excelente trabajo en cuanto a describir el estado de la defensa de personas indigentes en su informe Justicia Denegada [Justice Denied].  Como señaló el informe, muchas jurisdicciones han logrado un gran progreso en sus sistemas públicos de defensa en los últimos años, pero las mejoras sistemáticas han sido difíciles de lograr.  Muchos de ustedes nos han dicho que los principales líderes necesitan juntarse, analizar el progreso y determinar cuál es el camino a seguir.  Y juntos crearemos un camino para trabajar para asegurar una justicia justa e imparcial para todos los estadounidenses, en especial cuando tantos estadounidenses están sufriendo con esta situación económica.

Segundo, quiero ampliar y mantener la conversación de hoy realizando reuniones periódicas con la asociación de defensa criminal.  Esta será una reanudación de reuniones que el ex-Secretario de Justicia de los EE.UU. comenzó en la década de 1980 y que Janet Reno continuó durante su mandato.  Quiero continuar donde ellos dejaron y asegurarme de que esta vez los incluyamos a ustedes, los miembros de la comunidad de defensa de personas indigentes.  Durante estas reuniones, quiero hablar de temas que a ustedes les interesan y preocupan, y explorar cómo podemos hallar los recursos necesarios para enfrentar los desafíos que se han identificado.  Esta será una oportunidad para que los representantes de defensa pública nos hagan sus comentarios sobre el estado del funcionamiento de nuestro sistema de justicia criminal.

Tercero, quiero asegurarme de que los defensores públicos estén presentes cuando nos reunamos con otras partes interesadas en el sistema de justicia criminal.  Le he pedido al Secretario de Justicia Adjunto de los EE.UU., quien sé que está muy preocupado por temas relacionados con la defensa de personas indigentes, que aliente a componentes del Departamento a que incluyan a miembros del sistema público de defensa en distintas reuniones.  También los haremos partícipes en conferencias, paneles de revisión de solicitudes y otros lugares en los que pueda ser valiosa una perspectiva de defensa pública.

Cuarto, expandiremos nuestro compromiso de recolectar datos fieles y significativos sobre programas de defensa pública, de manera tal de estar mejor equipados para ayudarlos.  Por ejemplo, el Censo de Oficinas de Defensores Públicos administrado por nuestro Buró de Estadísticas Judiciales actualmente no recolecta información sobre los servicios brindados por abogados por contrato y voluntarios.  Debemos registrar esos servicios investigando una muestra significativa de todos los participantes del sistema.

Quinto, y por último, el Departamento organizará una conferencia nacional sobre temas relacionados con la defensa de personas indigentes.  Esta conferencia desarrollará lo tratado en las dos conferencias realizadas en 1999 y 2000, que hicieron hincapié en el desarrollo de estrategias y las colaboraciones innovadoras.  Esperamos que esta conferencia ayude a desarrollar una serie de mejores prácticas entre programas de defensa de personas indigentes en todo el país.  También esperamos destacar programas e iniciativas innovadores, entre los que se encuentran los que usan herramientas como la tecnología y los mentores de manera novedosa y eficaz.  Por último, uno de los principales objetivos de esta conferencia será ayudar a los programas de defensa pública a crear estrategias respecto de cómo involucrarse en el proceso de toma de decisiones relacionado con la financiación y, en general, encontrar apoyo en períodos económicos difíciles.  Como pueden ver, este es un programa ambicioso: esto se debe a que hay mucho por hacer.  La organización de la conferencia y el logro de sus objetivos requerirán de la ayuda de personas como ustedes, que están en las trincheras de la defensa de personas indigentes, y le he pedido a Laurie Robinson y a su equipo en la Oficina de Programas Judiciales que consulten a miembros de su asociación durante la planificación de la conferencia.

Estas cinco iniciativas de todo el Departamento hacen hincapié en la recolección y la puesta en común de información sobre lo que funciona y lo que se necesita en nuestro sistema de defensa pública.  En unos minutos, Laurie les contará sobre muchas otras iniciativas que estamos implementando.

Permítanme concluir volviendo a los primeros principios.  El Juez Black, el autor de Gideon, provenía de orígenes muy humildes.  Nació en el pueblo rural pobre de Harlan, Kentucky, y a menudo se refería a sí mismo como “solo un rústico del condado de Clay”.  Sin embargo, fue uno de los voceros más elocuentes de la igualdad en la justicia de la historia de nuestro país.  Veinte años antes de Gideon, marcó su desacuerdo por principios en el caso Betts.  Dijo: “Una práctica no se puede conciliar con ideas comunes y fundamentales de justicia y derecho si somete a los hombres a mayores riesgos de condena meramente por su pobreza”.   Pasarían dos décadas antes de que ese principio hallara un lugar en su opinión para la mayoría de la Corte en Gideon.  El Juez Black debe haber sentido una gran frustración en esos 20 años entre Betts y Gideon, pero el progreso finalmente se logró con tiempo y perseverancia.  Han transcurrido otros 45 años desde Gideon, y la promesa de Gideon sigue sin cumplirse plenamente.  Es nuestra responsabilidad seguir trabajando para hacer realidad el principio que el Juez Black describió y para el cual trabajó.  No se logrará la justicia hasta que lo hagamos.  Espero trabajar con todos ustedes.

Gracias.

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