Ciudadano Peruano Extraditado Por Dirigir Un Centro De Atención Telefónica Desde El Que Amenazaban Y Estafaban A Consumidores De Habla Hispana En Los Estados Unidos

El Departamento de Justicia y el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos dieron a conocer hoy que un residente de Lima, Perú, fue extraditado a los Estados Unidos y compareció por primera vez en el tribunal federal de Miami, en el día de la fecha, donde se lo acusó de dirigir un vasto complot dedicado a extorsiones y estafas.

José Alejandro Zuñiga Cano, 40 años, ciudadano de Lima, Perú, enfrentará cargos federales. Zuñiga fue detenido el 26 de febrero de 2023 por las autoridades peruanas en virtud de un pedido de extradición de los Estados Unidos. Desde entonces, permanece detenido en Perú.   

De acuerdo con la acusación formal, el acusado administró y dirigió centros de atención telefónica en Perú desde enero de 2014 hasta febrero de 2019. Supuestamente, el demandado y sus cómplices en Perú hacían llamadas telefónicas vía internet para contactar personas de habla hispana en los Estados Unidos. Desde los centros de atención telefónica, se engañaba a las víctimas diciéndoles que habían ganado sorteos de productos gratuitos, que incluían tablets con cursos de inglés. Muchos consumidores manifestaban su interés por recibir los productos gratuitos. En llamadas sucesivas, se les informaba a las víctimas que debían realizar pagos cuantiosos para recibir los productos. Cuando las víctimas se oponían, quienes llamaban los engañaban diciéndoles que habían incurrido en una conducta ilegal por no haber pagado o recibido los productos. 

“La División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia se compromete a perseguir y enjuiciar a los delincuentes internacionales responsables de estafar a consumidores vulnerables en los Estados Unidos, en cualquier lugar donde se encuentren. Agradezco a la República del Perú, y a la Policía Nacional del Perú, por su colaboración para extraditar a esta persona a fin de que enfrente cargos aquí en los Estados Unidos”, declaró el fiscal general principal adjunto, Brian M. Boynton, jefe de la División Civil del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia y la policía de los Estados Unidos seguirán trabajando en estrecha colaboración con sus socios de las fuerzas de seguridad en todo el mundo para enjuiciar a los delincuentes que intentan estafar a víctimas estadounidenses desde el extranjero”.

“La colaboración entre países mejora los esfuerzos para fortalecer el estado de derecho. El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos agradece a la República del Perú y a nuestros colegas de las fuerzas de seguridad que actuaron con determinación para desmantelar este complot dedicado a estafar consumidores estadounidenses a través del correo postal de los Estados Unidos y por vía telefónica. Juntos, enviamos un mensaje contundente, a nivel mundial, de que la justicia no tiene fronteras”, declaró Juan A. Vargas, Inspector encargado del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, División Miami.

De acuerdo con la acusación formal, el acusado y sus cómplices fingían ser abogados, funcionarios judiciales, oficiales de policía y representantes de un supuesto “tribunal de delitos menores”. El acusado y sus cómplices engañaban a las víctimas diciéndoles que tenían una obligación contractual de pagar y recibir los productos y que habían causado problemas legales para ellos mismos y para terceros supuestamente por no haber cumplido esa obligación. La acusación formal establece que quienes hacían las llamadas también amenazaban a las víctimas, de manera fraudulenta, con juicios, detenciones, calificaciones negativas en sus informes crediticios o consecuencias por su condición de inmigrantes si no pagaban de inmediato los productos supuestamente entregados y los aranceles de cancelación. De acuerdo con la acusación formal, muchas víctimas terminaron pagando debido a estas amenazas infundadas.

En algunos casos, el acusado y sus cómplices revictimizaban a las mismas víctimas mediante una organización fraudulenta relacionada de “restitución de productos”. De acuerdo con la acusación formal, el acusado y sus cómplices hacían nuevas llamadas a víctimas que ya habían pagado y, fingiendo ser abogados de un tribunal de los Estados Unidos, declaraban falsamente que las víctimas tenían derecho a pagos de restitución que compensarían las pérdidas sufridas a manos del acusado y sus cómplices en la primera parte de la conspiración. El acusado y sus cómplices engañaban a estas víctimas diciéndoles que debían pagar un porcentaje de la restitución a un abogado que supuestamente había iniciado una causa judicial y que había logrado la restitución del producto en nombre de la víctima. En realidad, no existía ningún abogado, ninguna orden de restitución y no se devolvía ningún monto a las víctimas que realizaban estos pagos adicionales.   

En noviembre de 2021, se presentó una acusación penal federal sobre 7 delitos contra el acusado en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, que fue refrendada con la extradición del acusado a los Estados Unidos. El acusado enfrenta cargos de conspiración, fraude electrónico y extorsión. La acusación formal solo alega que se cometieron delitos. Si es condenado, Zuñiga enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión. Un juez del tribunal federal de Distrito dictará sentencia después de considerar las Directrices para la Imposición de Condenas de los Estados Unidos y otros factores establecidos por ley.

Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre lo contrario más allá de una duda razonable.

La fiscalía de la causa está a cargo del abogado sénior y coordinador de juicios penales internacionales, Phil Toomajian y de la abogada Carolyn Rice de la División de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia. El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos investigó el caso. Asimismo, colaboraron intensamente la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Penal, la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, el Servicio de jefes de policía de los Estados Unidos, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía del Procurador General del Perú. 

El Departamento de Justicia continúa investigando y acusando formalmente a sospechosos en otras causas similares que incluyen amenazas contra residentes de habla hispana de los Estados Unidos. Si usted o alguien que conoce tiene más de 60 años y sufrió una estafa económica, cuenta con la asistencia de profesionales expertos en la Línea gratuita nacional de atención para adultos mayores: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311). Esta línea gratuita del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, administrada por la Oficina de Asistencia para Víctimas de Delitos, brinda ayuda personalizada a las personas que llaman mediante la evaluación de las necesidades de la víctima y la identificación de los próximos pasos correspondientes. Los administradores del caso identifican los organismos en los que corresponde hacer la denuncia, proporcionan información a quienes llaman para ayudarlos a presentar la denuncia, ponen en contacto a las personas que llaman directamente con los organismos correspondientes y ofrecen recursos y derivaciones, caso por caso. El primer paso es presentar la denuncia. Denunciar puede ayudar a las autoridades a identificar a quienes cometen delitos y denunciar determinadas pérdidas económicas por estafa lo antes posible puede aumentar la probabilidad de recuperar lo perdido. La línea gratuita está disponible de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. hora del este de los Estados Unidos, en inglés, español y en otros idiomas.

Para obtener más información acerca de las gestiones del Departamento para ayudar a los adultos mayores estadounidenses, visite su página web de la Iniciativa de Justicia para los Adultos Mayores. Para obtener más información acerca de la División de Protección al Consumidor y sus gestiones para la aplicación de la ley, visite su sitio web en https://www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch. Los consumidores pueden presentar sus reclamaciones ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) en https://reportfraud.ftc.gov/ o por teléfono llamando al 877-FTC-HELP. El Departamento de Justicia ofrece varios recursos relacionados con la victimización de personas mayores por estafas a través de su Oficina de Asistencia a las Víctimas de Delitos, a la que se puede acceder en https://www.ovc.gov.

Para obtener más información sobre la División de Protección al Consumidor y sus medidas de lucha contra el fraude, visite su sitio web en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch.