Undécimo acusado se declara culpable en una estafa de $15 millones contra inmigrantes hispanohablantes en los EE. UU.

Un hombre de California se declaró hoy culpable por conspirar con centros de atención telefónica con sede en Perú que estafaban a residentes estadounidenses de habla hispana amenazándolos falsamente con arrestarlos, deportarlos y otras consecuencias legales.

Según los documentos judiciales, Luis Rendón, de 60 años y residente en Harbor City (California), dirigía un centro de distribución que ayudaba a los operadores del centro de atención telefónica a ejecutar su plan de fraude desde Perú. Con la declaración de culpabilidad de Rendón, ya son once los acusados que se han declarado culpables en relación con un plan de fraude transnacional por $15 millones cuyo objetivo era estafar a residentes hispanohablantes de los EE. UU. amenazándolos fraudulentamente con consecuencias legales si no pagaban por productos de aprendizaje de inglés que nunca solicitaron o abonaban falsas tarifas de conciliación. Más de 30,000 hispanohablantes residentes en los Estados Unidos fueron estafados.

En total, los once acusados incluyen siete propietarios-operadores de centros de atención telefónica peruanos y cuatro operadores de centros de distribución que procesaron pagos y facilitaron el fraude en los Estados Unidos. Muchos de los acusados colaboraron y compartieron estrategias sobre cómo estafaron a los residentes hispanohablantes de los Estados Unidos.

Siete de los acusados fueron extraditados de Perú y se declararon culpables ante un tribunal federal por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, y recibieron importantes sentencias de prisión. El juez de distrito de los EE. UU., Robert N. Scola, Jr., condenó a Henrry Milla, Carlos Espinoza, Jerson Renteria, Fernan Huerta, Omar Cuzcano, Evelyng Milla y Josmell Espinoza a penas de entre 88 y 110 meses de prisión.

“Estos casos demuestran que la Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia perseguirá y enjuiciará enérgicamente a los delincuentes transnacionales que estafan a los consumidores estadounidenses vulnerables”, declaró Brian M. Boynton, fiscal general adjunto principal de la División Civil del Departamento de Justicia. “Las personas que estafen a nuestras comunidades de inmigrantes serán llevadas ante la justicia y rendirán cuentas ante los tribunales estadounidenses”. 

“Nuestros casos con la Subdivisión de Protección al Consumidor demuestran que el largo brazo de la justicia no tiene límites cuando se trata de alcanzar a los estafadores que se aprovechan de las poblaciones más vulnerables de nuestra nación”, declaró el fiscal federal del distrito sur de Florida, Juan Antonio Gonzalez. “Seguiremos llevando ante la justicia estadounidense a los delincuentes transnacionales que utilizan tácticas de miedo e intimidación para robar dinero a inmigrantes, ancianos y otras personas que viven en este país”.

“Durante muchos años, el Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. y sus socios de las fuerzas del orden han investigado y perseguido a redes delictivas internacionales que tenían como objetivo robar a los consumidores estadounidenses el dinero que tanto les había costado ganar”, declaró el inspector en funciones Juan A. Vargas, de la División de Miami del Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. “El Servicio de Inspección Postal de los EE. UU., junto con la Subdivisión de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia y la Fiscalía General de los EE. UU., seguirá persiguiendo agresivamente a estos delincuentes para garantizar que sean procesados con todo el peso de la ley”.

Según los documentos judiciales, Rendón era propietario y operador de International Latin Market (“ILM”), un centro de distribución con sede en California que facilitó el plan de fraude de telemercadeo y extorsión a gran escala desde 2011 hasta finales de 2017.  Rendón colaboró en el plan al facilitar listas de posibles víctimas a los centros de atención telefónica de Perú, procesar pagos con tarjeta de las víctimas y enviar tabletas informáticas de baja calidad precargadas con cursos de inglés a las víctimas de la zona de Miami y de todos los Estados Unidos.

Rendón, al igual que los demás acusados que se declararon culpables antes que él en esta investigación, admitió que los centros de atención telefónica y sus empleados afirmaban falsamente ser abogados, funcionarios judiciales, agentes federales y representantes de un supuesto “tribunal de delitos menores”, que no existe. Las personas que llamaban amenazaban falsamente a las víctimas con procesos judiciales, marcas negativas en sus informes crediticios, encarcelamiento y consecuencias migratorias si no pagaban inmediatamente los productos supuestamente entregados y las tarifas de conciliación.

Ángel Adrianzen, otro cómplice que operaba un centro de distribución con sede en los EE. UU. que ayudó a otro grupo de centros de atención telefónica peruanos fraudulentos, se declaró culpable de cargos similares en 2020. Adrianzen ayudó a sus cómplices a establecer y dotar de personal a centros de atención telefónica que estafaban a residentes de habla hispana de los Estados Unidos. El juez Scola condenó a Adrianzen a 121 meses de prisión.

Rendón será sentenciado el 16 de febrero de 2023 ante la jueza de distrito de los EE. UU., Patricia A. Seitz, en Miami. Se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión.

El Servicio de Inspección Postal de los EE. UU. y la Subdirección de Protección al Consumidor investigaron el caso. El abogado litigante principal Phil Toomajian y el abogado litigante Max Goldman, de la Subdivisión de Protección al Consumidor, llevan los casos, y la fiscal adjunta Annika Miranda está encargada de la confiscación de bienes. La Comisión Federal de Comercio, la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Fiscalía de los EE. UU. del Distrito Sur de Florida, el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado y la Policía Nacional de Perú prestaron una ayuda fundamental. 

El Departamento de Justicia sigue investigando y presentando cargos en otros asuntos similares relacionados con amenazas contra residentes hispanohablantes de los Estados Unidos. Si usted o alguien que conoce tiene 60 años o más y ha sido víctima de un fraude financiero, puede obtener ayuda en la Línea Directa Nacional Contra el Fraude a Personas Mayores: 1-833-FRAUD-11 (1-833-372-8311).

Encontrará más información sobre la Subdivisión de Protección al Consumidor y sus actividades de lucha contra el fraude en www.justice.gov/civil/consumer-protection-branch.