Asistencia Para las Víctimas de Delitos Ambientales

¿Qué se Considera un Delito Ambiental?

Un delito ambiental puede ser una violación por negligencia, con conocimiento o de manera deliberada, de una ley federal que protege la salud y el ambiente de los seres humanos, como la Ley de aire limpio o la Ley de agua limpia. Sin embargo, no todas las conductas negligentes, con conocimiento o deliberadas constituyen un delito ambiental. Si desea obtener más información sobre la Sección de Delitos Ambientales de la ENRD y los casos de contaminación que enjuicia, consulte Prosecution of Federal Pollution Crimes (Enjuiciamiento de delitos de contaminación federal).

Los delitos ambientales consisten, entre otras cosas, en el vertido ilegal de desperdicios peligrosos, o de contaminantes en una fuente de agua.

¿Quién es una Víctima de un Delito Ambiental?

Una víctima de un delito federal es una persona que se ha visto perjudicada, directa y de manera inmediata, por la comisión de un delito federal. El daño a una víctima puede ser físico (efectos sobre la salud o daño a la propiedad), emocional (depresión) o financiero (facturas médicas o de reparaciones). Una víctima puede ser la persona afectada directamente o un familiar cercano. Los negocios, las corporaciones y las organizaciones sin fines de lucro pueden ser víctimas.

El daño físico puede consistir en efectos adversos sobre la salud por la exposición a contaminantes o sustancias químicas, o daño a la propiedad debido a la contaminación. Los efectos sobre la salud pueden ser inmediatos y observados a simple vista o pueden ser menos obvios debido a que están ocultos o debido a que pueden tardar en desarrollarse. Para obtener más información sobre la salud de los seres humanos y la exposición, consulte el Report on the Environment (Informe sobre el ambiente) de la EPA.

El daño emocional puede ocurrir de varias maneras, desde una alteración de la capacidad de las víctimas para hacerle frente a la vida y funcionar, a reacciones de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. Para obtener más información sobre cómo lidiar si fuera víctima de un delito, consulte la página web Coping with Crime Victimization.

El daño físico puede consistir en costos médicos, costos de psicoterapia para la salud mental, pérdida de ingresos, gastos de funeral, reparaciones de daños a la propiedad y pérdida de acceso a la propiedad personal.

Algunos ejemplos de delitos ambientales que han afectado a víctimas son:

Scott Dominguez

Foto cortesía de EPA.gov

En 1996, se le ordenó a Scott Domínguez, de 20 años, limpiar un tanque de almacenaje de 25,000 galones mientras estaba empleado por Evergreen Resources, una planta de tratamiento de químicos industrial en Soda Springs, Idaho. Allan Elías, el dueño y administrador de la planta, ignoró las solicitudes de los trabajadores de otorgarles equipo de seguridad.

Domínguez no sabía que el tanque contenía cianuro y ácido fosfórico, por lo que usó una manguera para limpiar el tanque con agua como se le había indicado. Al hacerlo, se produjeron gases de hidróxido de cianuro. Debido a que no estaba protegido con equipo de seguridad, Domínguez respiró el cianuro emitido por el gas de cianuro de hidrógeno y sufrió una discapacidad cerebral permanente.

Se le declaró culpable a Elías de, a sabiendas, poner en peligro a los empleados en contravención de la Ley de conservación y recuperación de recursos (RCRA), de dos cargos por desechar ilegalmente residuos peligrosos de cianuro y un cargo por hacer una declaración falsa a los agentes federales al falsificar e indicar una fecha anterior a los hechos en un plan de seguridad. La sentencia de Elías fue de 17 años de reclusión, la sentencia más larga que se ha impuesto en la historia por un delito ambiental. El caso fue investigado por la División de Investigación Penal de la EPA, el IRS, la OSHA, la FBI, la policía estatal de Idaho y el Departamento de Calidad del Medio Ambiente de Idaho. El enjuiciamiento del caso estuvo a cargo de la Sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia de la ENRD y la fiscalía de los Estados Unidos para el distrito de Idaho. El comunicado de prensa del Dpto. de Justicia está disponible en Los Estados Unidos contra Elías, núm. 4:98-cr-70 (D. Idaho).

Para enterarse más de este caso y los efectos sobre las víctimas, consulte la presentación en video de Scott Domínguez.

Rebecca and Rachel Toone

Foto cortesía de EPA.gov

En el 2010, la familia Toone contrató a Bugman Lawn and Pest, una compañía local de control de plagas en Layton, Utah, para investigar y tratar el problema de roedores en su casa. El técnico Coleman Nocks aplicó fumitoxina, un pesticida de uso restringido, en la casa de los Toone. Nocks no cumplió con la ley aplicando una dosis excesiva del pesticida muy cerca de la residencia de la familia.

El veneno penetró adentro de la casa y causó la muerte de Rebecca Toone, de 4 años, y Rachel Toone, de 15 meses.

Nocks se declaró culpable de un cargo por usar un pesticida registrado en una manera que no coincidía con la rotulación del químico y recibió una sentencia de 3 años de libertad condicional. El dueño de Bugman, Ray Wilson, Sr., se declaró culpable del mismo delito y también recibió una sentencia de 3 años de libertad condicional y una multa de $3,000. El caso fue investigado por la División de Investigación Penal de la EPA, el departamento de policía de Layton y la fiscalía de la ciudad de Layton. El enjuiciamiento del caso estuvo a cargo de la fiscalía de los Estados Unidos para el distrito de Utah. El comunicado de prensa del Dpto. de Justicia está disponible en Los Estados Unidos contra Nocks y colaboradores, núm. 1:11-cr-17 (D. Utah).

Para enterarse más de este caso y los efectos sobre las víctimas, consulte la presentación en video de Rebecca y Rachel Toone.

Brent and Arlene McGregor

Foto cortesía de EPA.gov

Brent y Arlene McGregor vivían en Provo, Utah. Durante años, la comunidad se vio afectada por el fuerte y desagradable olor a químicos que emanaba de Pacific States Case Iron Pipe Co. (PSCIP). La compañía matriz de PSCIP, McWane, Inc., era uno de los fabricantes principales de tubería de hierro fundido en el mundo. En uno de los cinco enjuiciamientos de McWane, la EPA investigó a PSCIP por emitir ilegalmente cantidades excesivas de contaminantes atmosféricos peligrosos y crear documentos falsos para indicar que estaba cumplimento con la Ley de aire limpio (CAA).

En el 2006, como parte del caso en contra de PSCIP, McWane se declaró culpable de dos cargos por falsificar documentos de pruebas de emisión, recibió una sentencia de 3 años de libertad condicional y se le ordenó pagar una multa de $3 millones, la multa ambiental mayor en el sistema judicial de Utah. El vicepresidente y gerente general de PSCIP, Charles Matlock, se declaró culpable por llevar a cabo un método impreciso de pruebas en contravención de la Ley de aire limpio y recibió una sentencia de 12 meses y 1 día de reclusión, y se le ordenó pagar una

multa de $20,000. A causa de los cinco enjuiciamientos, se le ordenó a McWane pagar un total de $23 millones en multas y 7 de sus gerentes recibieron sentencias de reclusión de más de 13 años por delitos ambientales y contra la seguridad de los trabajadores.

El caso de PSCIP fue investigado por la División de Investigación Penal de la EPA. El enjuiciamiento del caso estuvo a cargo de la Sección de Delitos Ambientales del Departamento de Justicia de la ENRD y la fiscalía de los Estados Unidos para el distrito de Utah. El comunicado de prensa del Dpto. de Justicia está disponible en Los Estados Unidos contra McWane, Inc. y colaboradores, núm. 2:05-cr-811 (D. Utah).

Para enterarse más de este caso y los efectos sobre las víctimas, consulte la presentación en video de Brent y Arlene McGregor.

Sesiones Públicas para Obtener Información Adicional

Hacia principios de este año, el 20 de abril de 2021, la EPA y la ENRD celebraron una sesión de audiencia para anunciar formalmente la creación del Programa de Asistencia para las Víctimas de Delitos Ambientales (el Programa) durante la semana nacional de derechos de las víctimas de delitos. La semana nacional de derechos de las víctimas de delitos es un período de concienciación anual para crear una mayor conciencia de los asuntos relacionados con las víctimas, reconocer las labores dirigidas a servir a las víctimas y recordar a las víctimas y sus sobrevivientes. El objetivo de la sesión de audiencia de la EPA y la ENRD fue ofrecer un resumen general del Programa, un ejemplo de un delito ambiental con víctimas y responder a las preguntas de las personas interesadas. La sesión contó con los discursos del fiscal general Merrick B. Garland, el administrador de la EPA  Michael S. Regan y el fiscal general asociado interino Matthew Colangelo.

Para enterarse más del Programa y las víctimas ambientales, consulte el video de la sesión de audiencia.

Sesión de audiencia de la EPA y ENRD: Apoyar a las víctimas de delitos ambientales. Crear confianza junto con los profesionales de los derechos de las víctimas. Estimular la participación de las comunidades en los asuntos de justicia ambiental.

Vea las preguntas y respuestas de la sesión anterior.